4 aspectos polémicos del Impuesto a la Riqueza

4 aspectos polémicos del Impuesto a la Riqueza

En esta semana, el Gobierno argentino terminó de regular todo lo relacionado al Impuesto a la Riqueza con la promulgación del reglamento de la ley. Con esto se cierra otro capítulo de uno de los gravámenes que más discusión han producido, debido a varios aspectos que algunos han tildado de inconstitucionales. Este impuesto se suma al ya abultado grupo de gravámenes argentinos.

Impuesto a la Riqueza

En diciembre de 2020 se publicó el primer marco normativo de un gravamen llamado Aporte Solidario y Extraordinario. Con este impuesto, el Estado pretendía recaudar unos USD 3.000 millones para enfrentar las consecuencias devastadoras de la pandemia sobre la economía argentina. Para esto, gravará a las personas más ricas del país: aquellas que reportaron un patrimonio superior a los 200 millones de pesos (aproximadamente USD 2.500.000). La AFIP señala que son unas 12 mil personas, de las cuales 380 declararon un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos.

Si ya varios sectores habían criticado esta gabela, con la publicación del reglamento se amplía aún más la brecha entre el sector público y el privado. Pero, ¿qué tiene esta ley, con su reglamento, que causa tan tanto rechazo y se le acusa de “confiscatoria”?

Veamos cuáles son esos aspectos tan polémicos del Impuesto a la Riqueza.

Un solo pago, sin cuotas ni anticipos

Para comprender esto, es importante saber que los sujetos gravables tendrán que pagar un 2% para aquellos patrimonios de 200 millones de pesos. Esta tasa luego se incrementará en la medida en que los montos patrimoniales sean mayores. Es decir:

  • 300 a 400 millones: 2,25%.
  • Hasta 600 millones: 2,50%
  • Hasta 800 millones: 2,75%
  • Hasta 1.500 millones: 3%
  • Hasta 3.000 millones: 3,25%
  • Superior a 3.000 millones: 3,5%

Generalmente, los tenedores de riquezas de este tipo no tienen ese capital líquido. Al exigirles un solo pago sin posibilidad de dar adelantos o de pagarlo en cuotas, estos deben hacer importantes movimientos financieros. Muchos temen no poder convertir su capital en dinero líquido para la fecha de pago, que será hasta el 30 de marzo de 2021.

Duplicación tributaria

El reglamento indica que los sujetos deben declarar no solo su patrimonio al 2020, sino también de los dos años anteriores. Y, además, ahora deben gravar un patrimonio con el Impuesto a la Riqueza que ya habían gravado con el impuesto de Bienes Personales. Son dos impuestos prácticamente al mismo capital.

De hecho, la misma valuación que hicieron para Bienes Personales, deben entregarla para esta nueva gabela.

Consecuencias penales del Impuesto a la Riqueza

Generalmente, quienes no informan su situación patrimonial enfrentan una multa de 5.000 pesos. Sin embargo, a este impuesto se le agrega la posibilidad de que pese una denuncia penal ante las autoridades judiciales en el caso de no informar a tiempo.

El problema es que esta nueva ley contempla una serie de documentos nuevos que son complicados de obtener, especialmente para aquellos que deben repatriar parte del capital con el fin de cumplir con sus obligaciones imponibles. Muchos de esos documentos deben ser expendidos por contadores públicos certificados, para lo que deben cumplir una serie de requisitos.

Efecto retroactivo

Para evitar posibles acciones evasivas del impuesto, la ley establece que podrá rastrear movimientos financieros que podrían haber ocurrido hasta 180 días antes del 18 de diciembre del 2020. Por lo tanto, los sujetos gravables tendrán la obligación de informar todos esos movimientos financieros ocurridos tres meses antes de la promulgación de la ley.

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