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Deuda Pública Argentina: un recurso para el Estado y una condena para el contribuyente.

Deuda Pública Argentina: un recurso para el Estado y una condena para el contribuyente.

La Argentina actualmente debe casi 400 billones de dólares en total, de eso una suma le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), y otra obligacionistas privados (alrededor de 150 billones de dólares).

¿De qué hablamos cuando nos referimos a deuda del Estado?

Estamos hablando de deuda pública, que es un método que tiene el Estado para hacerse de recursos, que está estipulado tanto por la Constitución Nacional (en su artículo 4º), como por leyes ordinarias (como por ejemplo la Ley de Administración Financiera, más conocida como la LAF). Pero lo que especifica principalmente nuestra constitución es que el estado se debe endeudar para “urgencias de la Nación, y para empresas de utilidad nacional”, dándole la facultad de decretar este recurso al Congreso de la Nación.

En relación a la LAF lo que hace es ampliar el concepto de crédito público, en donde especifica el sistema del mismo; como puede originarse, es decir en qué casos se puede endeudar el estado y en qué casos no. Además hace una clasificación del crédito público; da la obligación de que debe estar estipulado en la ley de presupuesto. Algo interesante que plantea esta ley es que dice puntualmente que el estado no puede endeudarse para gastos operativos. En fin, y demás cuestiones en las que amplía este mecanismo de adquirir recursos para el Estado.

La realidad es que La Argentina se ha hecho de este recurso a mansalva, muchas veces sin el aval del Congreso, bajo la interpretación amplia que se hizo y se hace sobre la frase que tiene la Constitución “urgencias de la Nación”. Además de que al hacerse de este recurso, el estado automáticamente se convierte en deudor, y no solo del monto que haya pedido sino también de los intereses por lo que se ve aparejado el crédito.

Es por ello que según la letra de nuestra Constitución es un recurso que debe ser tomado con mucha precaución y sin necesidad de hacer uso indiscriminado del mismo. Esto no quiere decir que esté mal endeudarse, todo lo contrario; el tema está en la forma de endeudarse, en el cómo.

Se sabe que parte de la deuda que presenta nuestro país es con bonistas privados, y estos bonos son títulos de créditos, o mejor dicho valores de deuda que andan dando vueltas en el mundo. Lo peligroso de estos títulos, más allá de que son en moneda extranjera obviamente; es que si se incurre en incumplimiento, están bajo jurisdicción extranjera.

¿Que quiere decir esto? 

Como todo título de deuda, estos bonos son ejecutables a falta de cumplimiento, pero los jueces que vayan a intervenir no van a ser argentinos, serán jueces extranjeros. Recordemos el fallo NML Capital de 2016, en donde tuvo jurisdicción norteamericana e intervino el famoso juez Griesa.

Esto es lo peligroso de que hayan bonos dando vueltas por el mundo, que están sujetos a leyes extranjeras, estando en manos de jueces que no conocemos y leyes que tampoco conocemos. Si bien la soberanía de los estados es un principio que suelen plantear este tipo de litigios, la realidad es que suelen fallar a favor de los bonistas privados, ejecutando bienes públicos a los estados que no cumplen con sus obligaciones crediticias.

En los últimos días se ha estado hablando de la propuesta que ha presentado el Ministro de Economía a los bonistas, que se formalizó ante la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) el 21 de abril del 2020. La cual consiste en establecer una reducción al pago capital de 66.000 millones de dólares, más la reducción del pago de intereses de 62%, y la “extensión del periodo de gracia” de 3 años, es decir comenzar a pagar en el 2023, con una quita del capital de 5.4%.

En fin, se espera por parte del gobierno que la mayoría de los bonistas acepten, y que tengan en cuenta la situación de pandemia que vive el mundo hoy. Pero la realidad es que hay un grupo que concentran alrededor del 50% que se agruparon para rechazar la propuesta.

El gobierno no obstante tiene hasta fines de mayo para seguir con las negociaciones, por lo tanto estaremos expectantes para ver qué deciden los tenedores de bonos, y de tal forma no entrar en default.

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